La reforma constitucional exprés pactada por Zapatero y Rajoy plantea dos temas serios de reflexión. Uno sobre el contenido de la reforma. Otro sobre la forma. Sobre la cuestión del contenido el tema a considerar es que se trata de una medida de política económica que precisa ser analizada de forma no simplista: no se trata simplemente de estar a favor o en contra de gastar menos de lo que se ingresa, de equilibrio presupuestario. Lo argumentan muy bien Josep Borrel en Público y Juan Torres. Los gastos que se corresponden a inversiones tienen efectos a largo plazo y pueden producir desequilibrios presupuestarios a corto plazo. Pero sin esas inversiones las empresas no funcionarían. ¿Se le ocurre a alguien que una empresa podría estatutariamente limitar la posibilidad de desequilibrio presupuestario? Se haría el harikiri a largo plazo. Pues eso es el efecto que tendrá esta medida. Hay inversiones públicas que tienes beneficios sociales a largo plazo y que por tanto requieren financiarse recurriendo al crédito, algo que ahora parece simplistamente condenado. En situaciones como la actual, en que la crisis tiene origen financiero y ha provocado estancamiento y recesión, limitar la capacidad de endeudamiento para impulsar la economía es algo que debiera estar sujeto al juego de las ideas sobre política económica.
Esto enlaza con la segunda cuestión. La de la forma. Y esta a su vez tiene al menos dos aspectos sobre los que creo que merece la pena reflexionar. El primero es el que señala en su artículo Carlos Martínez publicado en la página de ATTAC y que coincide con lo que muchos venimos diciendo (vease el ensayo incluido en mi relato ABAYUBÁ). La crisis está siendo aprovechada por los gobiernos europeos como oportunidad para introducir las políticas del consenso de Lisboa, que se plasmaron en el fallido proyecto de «Constitución Europea». Proyecto que pretendió elevar las políticas neoliberales al rango de Constitución. Fracasado ese intento, ahora se tratan de introducir esas políticas en las constituciones nacionales, como es el caso de la pactada reforma de la Constitución Española. (vease también la entrevista a Vicenc Navarro en El Pais) De este modo se trata de dar una vuelta de tuerca más al estrecho margen en el que se mueven las políticas económicas, limitando el democrático juego de ideas. No es sorprendente que esta medida obtenga el consenso del bipartidismo. Ambos partidos, y sus correlegionarios europeos ya estuvieron de acuerdo en defender la Constitución Europea.
Esto nos lleva a la segunda cuestión formal, que para mí es de especial importancia. ¿A quién hay que consultar para hacer una reforma constitucional? Esto es algo que está en el núcleo de lo que pone de manifiesto el movimiento del 15-M
La sociedad española ha despertado, ha tomado conciencia y está denunciando lo que ahora escenifican Zapatero y Rajoy: que no nos representan. Que no tienen nuestro mandato para cambiar la constitución, que es a los ciudadanos a quién hay que consultar y no a los mercados y sus portavoces. Y ese movimiento ha hecho posible que la iniciativa de de actuable solicitando firmas para una consulta popular esté difundiéndose rápidamente. Más grave que la crisis económica es la crisis de legitimad política que nuestros gobernantes, con sus acciones, están provocando. No hay democracia si gobiernan los mercados. No hay democracia si no hay margen para otras políticas económicas diferentes que las neoliberales, que por otra parte, se han demostrado sustentadas en principios falsos (la autorregulación de los mercados), han provocado esta crisis, introducen crecientes e injustificables diferencias sociales y sólo producen mayor estancamiento económico, mayor precariedad, menor protección social y más desempleo.
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